Objetivo: 100.000 puntos de recarga antes de 2023

España contaba al finalizar 2021 con 13.411 puntos de recarga públicos. Aunque puede parecer una cifra importante, está lejos del objetivo que se ha marcado España para 2023: 100.000 puntos de recarga que den servicio al parque de vehículos eléctricos. Unos puntos que estarán no solo en las vías públicas sino en comercios, restaurantes, hoteles, parkings y en general cualquier negocio que disponga de plazas de estacionamiento. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), avalado por la Unión Europea y que canaliza los fondos Next Generation, prevé que España cuente con 100.000 puntos de recarga pública antes de que concluya en 2023. Un objetivo ambicioso que va acompañado de un paquete de medidas regulatorias y fiscales e incentivos y ayudas directas a las empresas.   

Este despliegue necesita un impulso y, por ello, el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfica prepara un marco regulatorio que incentive aún más al sector energético y las empresas para instalar esta infraestructura a lo largo del territorio. Un marco que se sumará a las ayudas ya vigentes que subvencionan buena parte de los costes de los puntos de recarga públicos dentro del Plan MOVES III, dotado con 800 millones de euros.

Además, el Real Decreto Ley 29/2021 aprobado el pasado 21 de diciembre obliga ya a los negocios con zona propia de parking, cubierto o al aire libre, y con más de 20 plazas, a instalar puntos de recarga eléctrica. Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2022 para cumplir con esta obligación legal.

En ese mismo Real Decreto se simplificaban los trámites administrativos para instalar esta infraestructura, como la licencia de obras, de funcionamiento o actividad. E invitaba a los ayuntamientos a bonificar a las empresas con hasta el 50% del Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), además del 90% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

La norma establece que por cada 40 plazas de aparcamiento o fracción hay que instalar 1 punto de recarga. Si el parking tiene entre 20 y 40 también es obligatorio instalar al menos 1 estación de carga.

El Estado reparte 525 millones adicionales al Plan MOVES para incentivar la instalación 

El Ministerio de Transición Energética contempla en este mismo Real Decreto un paquete de 525 millones de euros que se adjudicarán a las empresas distribuidoras de una forma proporcional a su representatividad hasta 2023. Ayudas que permitirán financiar hasta el 50% de los activos relacionados con la digitalización de la red y con las infraestructuras necesarias para alimentar puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos, es decir, con una potencia superior a 250 kW, en la vía pública.

El Gobierno, además de todas las medidas citadas, abrió la posibilidad de que las empresas puedan instalar puntos de recarga en las vías de titularidad estatal y en sus zonas circundantes. Así se simplificarán los trámites para instalar esta infraestructura por toda la red de carreteras.

En España, a 31 de diciembre de 2021, había 13.411 puntos de carga públicos, lejos del objetivo que se había fijado para ese año el Gobierno de contar con 28.240 puntos. En la práctica solo se instalaron 4.866 nuevos puntos. De los 13.411 puntos, 7.685 están en entornos urbanos, de ahí la intención de la Administración de favorecer la instalación en vías interurbanas. Hoy en día Cataluña (3.549), Comunidad Valenciana (1.661) y Madrid (1.601) lideran el mapa oficial de puntos de recarga públicos.

El Plan MOVES III recibe 125 millones adicionales 

Ante la buena marcha del Plan MOVES III, el Gobierno aprobó el pasado mes de marzo una ampliación de 125 millones de euros en Cataluña, Madrid, Castilla y León e Islas Baleares.

El plan MOVES III, en vigor desde abril de 2021 con una dotación inicial de 400 millones de euros ampliable a 800 millones, impulsa el despliegue de la infraestructura de recarga con incentivos para particulares, comunidades de propietarios y pequeñas y medianas empresas, y específicamente para los puntos de carga rápida y ultrarrápida.

Las ayudas a fondo perdido a las empresas parten de un mínimo del 35%. El límite máximo de ayuda es de 800.000 euros por expediente con un límite de 2,5 millones por beneficiario. Para el despliegue de puntos de recarga públicos de 50 kW de potencia en adelante, las ayudas cuentan con un 10% adicional en actuaciones desarrolladas por medianas empresas y un 20% si son llevadas a cabo por pequeñas empresas. Así, una pequeña empresa podría alcanzar el 55% de ayuda para la instalación de infraestructura de recarga.

Según los cálculos de la organización europea Transport & Environment, España necesitará tener casi 1 millón de puntos de recarga en 2035 al ritmo actual de penetración del vehículo eléctrico. Para las asociaciones de fabricantes y concesionarios españolas -ANFAC y Faconauto- para 2030 harían falta 340.000.

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